La poderosa empresa guatemalteca Cementos Progreso, fundada hace décadas y líder indiscutible en la producción de cemento en Centroamérica, no solo ha construido obras, sino también una serie de conflictos que la han colocado en el ojo del huracán de la opinión pública. Desde acusaciones de corrupción y financiamiento ilícito hasta enfrentamientos violentos con comunidades indígenas, la trayectoria de esta corporación revela un patrón de poder corporativo que ha generado cuestionamientos éticos y legales.
Investigaciones periodísticas y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han vinculado a directivos de Cementos Progreso con redes de financiamiento ilícito de campañas políticas. Altos ejecutivos realizaron millonarios depósitos a bufetes de cabildeo en Estados Unidos y participaron en operaciones vinculadas a la campaña presidencial de 2015. Aunque no se han presentado cargos penales directos contra la empresa, estos hallazgos ponen en evidencia una relación preocupante entre la empresa y la política, consolidando su influencia más allá del ámbito económico.
Cementos Progreso concentra cerca del 80–95% del mercado de cemento en Guatemala, según estudios de USAID y el CNE (2023). La empresa ha sido señalada por prácticas que limitan la competencia: integración vertical, ventas atadas, exclusividad y abuso de posición dominante. Estas estrategias, que dificultan la entrada de competidores y afectan a los consumidores, muestran cómo la empresa ha logrado mantener un dominio casi absoluto del mercado regional, a menudo en detrimento de la libre competencia y la economía local.
El rostro más oscuro de Cementos Progreso se observa en San Juan Sacatepéquez, donde sus proyectos han generado conflictos con comunidades indígenas. La construcción de plantas y carreteras anexas provocó enfrentamientos violentos, despojo de tierras y destrucción ambiental. En 2014, un disparo de un empleado de la cementera contra pobladores desató una turba que terminó en la muerte de siete personas. La violencia escaló nuevamente en 2018 con enfrentamientos armados durante bloqueos pacíficos, dejando heridos entre los líderes comunitarios.
Los testimonios de las comunidades denuncian ocupaciones ilegales de terrenos comunales, intimidaciones y destrucción de cultivos. A pesar de estas denuncias, las investigaciones judiciales avanzan lentamente, y la empresa mantiene su operación con relativa impunidad.
Más allá de los conflictos humanos, Cementos Progreso ha sido cuestionada por sus prácticas ambientales. La tala de bosques, la afectación de acuíferos y la contaminación de fuentes de agua son solo algunas de las consecuencias que las comunidades atribuyen a sus proyectos. Los informes señalan que las licencias fueron gestionadas sin consulta previa, vulnerando derechos fundamentales de los habitantes locales y dejando un rastro de impacto ambiental que aún no ha sido sancionado por autoridades estatales.
Aunque la empresa como entidad no ha sido formalmente sancionada, varios de sus exdirectivos y empleados se han visto implicados en procesos legales. Casos recientes incluyen denuncias por ocupación ilegal de tierras y la detención de antiguos jefes de seguridad vinculados a crímenes de la guerra interna. Sin embargo, la falta de procesos judiciales claros contra la empresa como corporación deja un vacío de responsabilidad y refuerza la percepción de un poder corporativo prácticamente intocable.
Cementos Progreso, que en apariencia construye infraestructura y progreso económico, también ha levantado muros de conflictos, violencia y corrupción. Su historia revela un patrón donde el poder económico se traduce en influencia política, impunidad y despojo social, dejando a comunidades enteras en la periferia de un “desarrollo” que beneficia únicamente a la empresa. El caso de Cementos Progreso es un recordatorio contundente de que el progreso corporativo no siempre coincide con justicia social, derechos humanos ni responsabilidad ambiental.
Cementos Progreso, además de ser el líder regional en producción de cemento, concentra su poder en un grupo reducido de directivos y miembros de la familia fundadora. Estos individuos no solo toman decisiones estratégicas; también son responsables de las políticas que han generado conflictos, polémicas y cuestionamientos éticos en toda Centroamérica.
El fundador, Carlos F. Novella Klée, sentó las bases de Cementos Progreso y la industria cementera en Guatemala. Sus descendientes, incluyendo Enrique Novella Camacho, continuaron expandiendo la compañía y consolidando su influencia social y económica. Hoy, la cuarta generación familiar –representada por José Miguel Torrebiarte y Stephanie Melville– lidera la empresa con cargos clave en la junta directiva y en la gestión ejecutiva.
Aunque han promovido iniciativas culturales y sociales, su poder concentrado ha permitido que la empresa opere con impunidad frente a denuncias de corrupción, conflictos sociales y prácticas monopolísticas. Las decisiones de la familia han coincidido con la expansión territorial y los enfrentamientos con comunidades, sin sanciones significativas contra la corporación.
El CEO José Raúl González y la presidenta de la junta directiva Stephanie Melville han encabezado la expansión regional, incluyendo adquisiciones de operaciones de Cemex en República Dominicana y Costa Rica. Mientras promueven inversiones, estas operaciones se realizan en mercados con prácticas cuestionables y falta de transparencia, replicando patrones de abuso de poder.
Otros directivos clave, como Andrés Bolaños Amerling (director en Costa Rica) y Enrique García (región Caribe), supervisan la integración de nuevas plantas y la consolidación de la empresa en ocho países, reforzando su control casi absoluto del mercado y manteniendo conflictos latentes con comunidades locales.
El poder de la familia y los directivos se refleja en los conflictos de San Juan Sacatepéquez, donde la planta cementera ha provocado despojo de tierras, destrucción ambiental y violencia. En 2014, un disparo de un empleado derivó en la muerte de siete personas; en 2018, enfrentamientos armados dejaron varios heridos. A pesar de las denuncias, la empresa mantiene operaciones sin sanciones claras, evidenciando la impunidad que acompaña su poder concentrado.
Las decisiones estratégicas de la junta directiva y de la familia fundadora también han afectado gravemente el medio ambiente: tala de bosques, alteración de acuíferos y contaminación de fuentes de agua mientras se publicitan como responsables socialmente. La consulta previa con comunidades indígenas ha sido ignorada sistemáticamente.
Altos directivos de Cementos Progreso, incluyendo José Miguel Torrebiarte, han sido vinculados a financiamiento ilícito de campañas políticas, según investigaciones de la CICIG y medios de prensa. Aunque no se han formulado cargos penales directos contra la empresa, los vínculos entre la familia, la cúpula directiva y la política guatemalteca revelan un patrón de influencia que refuerza su capacidad de operar con impunidad.
Cementos Progreso no es solo una empresa; es un emblema del poder concentrado en manos de una familia y un pequeño grupo de directivos. Las decisiones de la familia Novella y de los ejecutivos actuales han consolidado un dominio casi absoluto del mercado, mientras enfrentan denuncias graves de corrupción, conflictos sociales y daños ambientales. La historia de Cementos Progreso demuestra cómo el poder corporativo puede convertirse en impunidad y desarrollo que beneficia únicamente a unos pocos, dejando a comunidades enteras marginadas de sus propios recursos.
